El juicio político contra los funcionarios de elección popular está establecido en la Constitución de la República que también fija una serie de condiciones que se deben dar para que este tenga lugar.

El mecanismo es sencillo: la Cámara de Diputados hace las imputaciones contra el enjuiciado y el Senado de la República actúa como tribunal que condena y descarga a quien es sometido al proceso.

En esas condiciones, los funcionarios electivos o designados no pueden andarse violando las normas amparados en la inmunidad, que en el caso de los legisladores tiene un amplio abanico de probabilidades de que una infracción quede impune. No sería en este caso inmunidad sino impunidad.

Es lo que ha venido sucediendo con el diputado Pedro Botello, quien amparado en una noble causa como sería que los trabajadores pudieran acceder a una parte de los fondos de pensiones, se ha comportado, no como un hombre que fue elegido para formar leyes, sino como un turbero.

Y eso es muy lamentable, si nos atenemos al hecho de que el Congreso Nacional representa el primer poder del Estado, del cual emanan las normas de convivencia civilizada que son las leyes que senadores y diputados aprueban para que rijan para todos los ciudadanos.

Botello se ha saltado todas las pautas de civilidad al encabezar de manera frecuente una turbamulta que se apersona al Palacio Legislativo a presionar a los congresistas para que aprueben el motivo de su cruzada redentora de los trabajadores.

Su última acción fue denunciada inclusive por sus propios compañeros del Congreso, quienes sufrieron daños de consideración a ser apedreadas algunas oficinas, en este caso del Senado de la República.

Aunque el legislador de La Romana ha alegado que no participó en la agresión, su liderazgo del reclamo le hace corresponsable de todo lo que allí ha ocurrido y pueda ocurrir en el futuro inmediato.

Es por ello que la Cámara de Diputados debería abocarse a iniciar el proceso para que Botello sea sometido a un juicio político por sedición contra el Congreso, amén de cualquier otra acción legal que se pueda implementar contra él por daños contra la propiedad pública y poner en peligro la integridad física de los legisladores.

Por. Luis Manuel Báez

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