El Gobierno ha vuelto a restringir la compra de vehículos, viajes, fiestas, regalos y otras actividades como parte de su política de saneamiento del gasto.

Como a través del decreto 396-21 se había tomado la misma decisión parece que esta vez se tendrá que hacer algo para que se cumpla.

De lo contrario no había necesidad de repetir la restricción, que solo excluye a la Presidencia de la República y a los ministerios de Turismo y Relaciones Exteriores.

Con los compromisos que se tienen las autoridades parecen compelidas tanto a eficientizar más el gasto como a evitar cualquier tipo de derroche.

Con un proceso electoral al doblar de la esquina la decisión es oportuna. En los procesos el gasto en las instituciones tiende a incrementarse por la participación de funcionarios en las jornadas.

Las restricciones golpean el asistencialismo y el comercio, pero la salud de la nación es primordial siempre. La prohibición incluye obsequios, la adquisición de bonos en establecimientos comerciales, distribución de canastas y arrendamiento de instalaciones para actividades.

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Hasta el uso de franqueadores quedó restringido a través del decreto 6-23. El gasto innecesario tiene que restringirse. La decisión es importante y cabe esperar que sea acatada hasta por los legisladores, que cuentan con privilegios que irritan a la población.