No ha sido ninguna sorpresa la decisión del Senado dominicano respecto a la aprobación de la reforma al Código Penal sin las causales, es decir, con el aborto totalmente penalizado.

Para nada, porque la política que ejercen los y las congresistas responde a la calamitosa práctica político partidista dominicana.

Sabíamos que, por ejemplo, el presidente del PRM, iba a presionar urgiendo a sus adláteres con la necesidad de la aprobación de la pieza, aludiendo a la importancia, sobre todo, en seguimiento a los “nuevos tipos penales” y, diciendo que, “algunos elementos han intervenido para que no sea ley aún, principalmente con el tema del aborto y las tres causales, sin embargo, necesitamos salir del Código Penal”, así validó su llamado.

También sabíamos que, para el poder eclesial de las empresas de la religión, católica y cristianas, la defensa a ultranza de vidas inciertas, aún en circunstancias de riesgo grave para las niñas y mujeres ya nacidas, sería innegociable.
El poder político, solo negocia, y más en tiempos electorales y con la meta de reelegirse.

Eso, no es sorpresa para nadie. No tienen idea que, el derecho a la salud es un derecho humano innegociable que debe ser ejercido por igual entre mujeres y hombres, y menos aún saben, que los derechos de las mujeres y las niñas son derechos humanos.

Más de la mitad de la ciudadanía de este país, determinante en el voto, cree firmemente que la representación de los partidos políticos, con su vacío existencial de ideales y sus vicios acarreados, no les representa democráticamente. La prueba esta dada en el contexto actual de la politiquería dominicana.

Por lo tanto, era de esperar que, salvo honrosas excepciones, este Congreso en su mayoría, decida estar del lado de la institucionalidad tradicional del poder que les asegure seguir disfrutando. Sus mujeres serán perdonadas sacramentalmente cuando las hagan abortar en la seguridad del secreto.
Y mantendrán el poder, que es lo que les importa.

Se mantiene la dicotomía y la doble moral de la cruz y la espada. Era de esperar.
Las dominicanas y muchos dominicanos entienden que, la democracia representativa por definición implica que quienes “nos representan” son el mecanismo para canalizar la voluntad pública del pueblo entero. Y que esto no es lo que está sucediendo aquí hace tiempo.

Lo sabíamos porque la traición se maneja negociando sobre nuestros derechos. Lo sabíamos porque la ética de la política en el Congreso está “democráticamente” ausente. Ahora, ¡a no olvidarnos de sus nombres!