Administrar justicia es la función más excelsa que pueda ejercer un servidor público. Por eso demanda de jueces y fiscales equilibrio emocional, mesura y tiempo suficiente para investigar el caso y sustentar con pruebas las imputaciones, para que, del juicio, ventilado a la luz de los códigos, emanen sentencias justas e incuestionables.

La sociedad dominicana está ansiosa de justicia para quienes han desfalcado el Estado y han constituido negocios y bienes particulares amparados en recursos públicos que debieron emplearse en el desarrollo de la nación. Veinte mil millones de pesos invertidos en educación, agricultura y salud servirían para mucho y para muchos.

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La operación Calamar, iniciada por el Ministerio Público y que incluye a tres poderosos ministros de los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, ha suscitado esperanzas de justicia. La gente no oculta la satisfacción por la detención del grupo unos veinte, y añora que éstos sean investigados y juzgados con el debido proceso.

Los procuradores a cargo del caso aseguran que durante varios meses han investigado profundamente, conforme a estándares internacionales en lo relativo a red de criminalidad organizada. La procuradora adjunta, Yeni Berenice Reynoso, calificó el caso de operación Calamar como un “desfalco al Estado sin precedentes”.

No obstante, en las redes sociales aparecen opiniones que tildan de “espectáculo mediático” la acción. Con esto pretenden restarle pertinencia. Este comportamiento representa una defensa explícita al peculado. La pobre defensa de algunos voceritos consiste en preguntar por qué es ahora cuando se emprende la acción. Esos también quieren invalidarla.

Sobre el Gobierno se han lanzado críticas cuando jueces han variado las medidas de coerción a ciertos acusados o han liberado a otros argumentando insuficiencia de pruebas. Algunos no acaban de reconocer que el presidente Abinader no se inmiscuye en cuestiones de la justicia. Muchos tribunales están en manos peledeístas.

El PLD ha querido dar un tono político a la operación Calamar, pero no parece que ese esfuerzo pueda prosperar. Algunas acciones y declaraciones emitidas durante esta semana conducen a pensar que para los miembros de ese partido la violación a las leyes penales y la ética del servidor público no son actos de corrupción.

El próximo domingo por la mañana irán de nuevo los imputados al Tribunal de Atención Permanente para que se les conozcan medidas de coerción. Si la turba del pasado lunes se presentara allí de nuevo a presionar a los magistrados, vale recomendarle una corrección a su eslogan para que diga: “Somos peledeístas y no tenemos vergüenza”.