Managua, Nicaragua, (EFE).- El exfuncionario del Gobierno de Nicaragua, Francisco López, fue nombrado este lunes como nuevo asesor del presidente Daniel Ortega, quien con este suma a dos antiguos burócratas con sanciones internacionales por “graves abusos de los derechos humanos”, en su equipo de consejeros.
El nuevo cargo de López, quien es además tesorero del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), fue oficializado este lunes en La Gaceta, diario oficial.
La designación de López se da tres días después del nombramiento de la exministra de Salud, Sonia Castro, como asesora de Ortega, luego de que esta recibió sanciones económicas de Estados Unidos y Canadá, por “violaciones significativas de los derechos humanos”.
López fue objeto de sanciones económicas por Estados Unidos en julio de 2018 y un año después por Canadá, que lo señalan de estar involucrado en actos de “corrupción”, además de supuestamente atentar contra los derechos humanos en Nicaragua.
Al momento de ser sancionado, López era presidente de la Junta Directiva de la Empresa Nicaragüense de Petróleo (Petronic) y de la Empresa Nicaragüense de Minas (Eniminas), ambas del Estado. También era vicepresidente de la petrolera Alba de Nicaragua S.A. (Albanisa).
El exfuncionario había sido obligado a dimitir de todos su cargos en empresas estatales luego de las sanciones.
Las sanciones impiden a ambos asesores de Ortega realizar transacciones con personas o entidades relacionadas con Estados Unidos y Canadá, lo que para algunos analistas equivale a una “muerte civil” internacional.
López y Castro son señalados de estar involucrados de forma directa en actos de represión que dejaron cientos de personas muertas, presas o desaparecidas, así como decenas de miles en el exilio, desde el estallido social contra Ortega en abril de 2018.
Desde entonces Nicaragua vive una crisis que, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha dejado 326 muertos, aunque organizaciones humanitarias locales cuentan hasta 594, y el Gobierno admite 200.
Un proceso de aplicación de la Carta Democrática Interamericana está en marcha en la Organización de los Estados Americanos (OEA), por rompimiento del orden constitucional, que de concluir la suspendería del organismo.
