Aunque Estados Unidos reúne todas las condiciones para acoger a migrantes que huyen de la violencia y la miseria, no hace más que ejercer su derecho con la expulsión de indocumentados que penetran a su territorio.

Por su vasta riqueza y sus más de nueve millones de kilómetros cuadrados debería ser más consecuente con esos seres desesperados, que se juegan la vida en busca de mejor oportunidad, pero hay que aceptar que sus leyes son sus leyes.

Una nación que actúa de esa manera no puede, bajo ninguna circunstancia, presionar a ningún otro país para que acoja indocumentados en su territorio bajo condición de refugiados o de alguna otra manera.

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En el caso de República Dominicana, Washington carece de autoridad moral para solicitarle que acoja a los haitianos que residen o ingresan ilegalmente al territorio.

Sobre la base del denominado Título 42, el Departamento de Seguridad de Estados Unidos advirtió que todos los que intenten entrar ilegalmente por la frontera sur serán expulsados a México sin contemplación alguna.

La normativa se utiliza hasta ahora para expulsar de forma exprés y bajo el pretexto de la pandemia sanitaria a migrantes que cruzan irregularmente la frontera.

De la misma manera que cualquier otra nación, Estados Unidos tiene derecho a imponer sus propias normas. A lo que no tiene derecho es a imponérselas a otros.