Si era el eslabón que faltaba, con la conversión en ley del proyecto para la administración de bienes secuestrados, incautados y abandonados en los procesos penales y en los juicios de extinción de dominio se ha completado el expediente para reforzar la lucha contra la corrupción y la impunidad.

Las tantas vueltas que ha dado el proyecto en las cámaras legislativas hacía pensar que los congresistas y la clase política veían su aprobación como cuchillo para su garganta.

La falta de la legislación había trabado la aplicación de la ley de extinción de dominio, considerada una de las principales herramientas para recuperar bienes mal habidos.

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La legislación establece que la finalidad principal será garantizar la conservación y mantenimiento de los bienes.

La misión estará a cargo de un instituto conformado por distintas entidades y adscrito al Ministerio de Hacienda.

El senador Félix Bautista, de San Juan, destacó que la ley es de suma importancia en cuanto a la aplicación del proceso de extinción de dominio de bienes ilícitos. La pieza proporciona un marco jurídico complementario.

Pero el caso es que con su aprobación desaparece cualquier pretexto, de promulgarse como se espera, para no enjuiciar el enriquecimiento ilícito y los grandes escándalos de corrupción todavía impunes.