A pesar de la presentación de un legajo de pruebas, una familia de Montecristi se encuentra a punto de perder una finca de su propiedad, debido a que el Ministerio Público le declaró prescrita la acción pública ante una querella que interpuso contra varias personas a las que acusa de falsificación de títulos y documentos públicos.

Los afectados son Dulce Milagros Díaz e Irma Mercedes Díaz Aybar, quienes acusan a Ruddy Rafael Mercado Rodríguez, Gladis Altagracia Martínez Rodríguez, Ydelzi María Monción, José Francisco Fernández Gil y a Carmen Rosa Martínez de falsificación de títulos y documentos para apoderarse de la parcela 71 del Distrito Catastral No.11 de Montecristi.

Los despojados se querellaron contra los citados imputados, pero la fiscal de Montecristi, Ybelca Castillo Lemoine, declaró prescrita la acción pública bajo el alegato de que el hecho ocurrió hace 55 años.

Los afectados alegan que la fiscal, para declarar prescrita la acción pública, se basó en un acto falso, fechado hace más de 50 años.

Las alteraciones de documentos, comprobables en los registros del Ayuntamiento y de otras dependencias públicas, fueron descartados como evidencia del despojo por la fiscal montecristeña, Ybelca Castillo Lemoine.

La denuncia hecha por los afectados a través de sus abogados, licenciados Silvino Pichardo Benedicto y José de los Santos Hiciano, se encamina ahora al juez de instrucción de Montecristi, en donde depositaron un recurso de objeción contra la decisión de la citada fiscal.

Expresa la querella que el registrador de títulos de Montecristi emitió el 17 de septiembre de 1974 una carta constancia del certificado a nombre de María Aybar y sucesores de Ramón Antonio Díaz.

Atribuyen a Ruddy Mercado falsificar un acto de venta fechándolo el 2 de enero 1957, pero según afirman, «dicha falsificación es tan burda y evidente que sus autores incurrieron en la torpeza de incluir en el supuesto acto de venta del 2 de enero del 1957 a los licenciados Julio F. Peynado y Joaquín Díaz Belliar también como vendedores de sus derechos».

Estos dos recibieron en 1971 un 50 por ciento de la propiedad, tras un deslinde legal que desconocen los actos y títulos falsificados con una falsa venta del 1957.