Los cuatro grandes casos de corrupción conocidos por el Ministerio Público se caracterizan por la profesionalidad y descansan en un enorme sustento de pruebas irrefutables, por lo que hablar de “persecución política” es un pretexto infeliz, propio de personas fanáticas políticamente, que colocan la pasión por encima de la razón y, consecuencialmente, no se detienen (porque no les interesa) a estudiar expedientes.

Sin embargo, no todos son fanáticos. Muchos están conscientes que los delitos imputados descansan en la verdad, pero los intereses que representan les lleva a pretender “tapar el sol con un dedo”, en un ejercicio de politiquería, revelador de carencia de ética. Y llegan al extremo de expresar que las detenciones del caso Calamar obedecen a un plan del presidente Abinader y el PRM. Eso es cien por ciento falso, porque se trata de un entramado que involucra a actores de otras organizaciones, incluyendo a gente del propio PRM.

Se sabe que fue el presidente que designó a los principales funcionarios del Ministerio Público, al cual, de forma pública, calificó de independiente y otorgó poder para actuar en apego a su conciencia. Y desde ese momento la Procuraduría ha sido el punto más luminoso de la presente administración. Pero todo el que está informado del acontecer político sabe que el jefe de Estado está arrepentido de ese paso. Anticipadamente “afiló cuchillo para su garganta”.

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Ese equipo que está al frente del MP desde hace algún tiempo es un dolor de cabeza para Abinader, sobre todo a partir de la investigación del caso de Hacienda, ahora bautizado Calamar, que sacaría a la luz toda la putrefacción de la clase política y un amplio sector del empresariado, histórico lavandero de dinero de corrupción pública. Y funcionarios de este y de otros gobiernos, así como contratistas de obras están metidos en el baile.

El deber de los dominicanos sensatos es “echar a un lado” los intereses políticos partidarios y apoyar a los actuales funcionarios del Ministerio Público, los cuales están haciendo lo que nunca se había hecho. Es la primera vez, en lo que el suscrito tiene uso de razón, que se procesan judicialmente a los delincuentes de cuellos blancos, responsables de décadas de saqueos de los recursos del contribuyente y de la gran desigualdad social que hay en la República Dominicana.

Había que sentar precedentes judiciales, exhibiendo régimen de consecuencia en el ejercicio de las funciones públicas, en un país donde tradicionalmente ocupar un puesto gubernamental ha sido un pasaporte a la fortuna económica, con la agravante que observamos como normal ese tipo de conducta. Un país anda mal cuando vemos a personas pobres defendiendo a ricos culpables de su tragedia. Y el fanatismo político es uno de los elementos causales.