Naciones Unidas (ONU) ha pedido a República Dominicana suspender “las acciones que atenten contra los derechos humanos de la población haitiana, en especial las deportaciones de mujeres embarazadas”, juicio exagerado tintado de inaceptable intervención en asuntos propios del fuero soberano interno.
Aunque el Gobierno aplica la ley migratoria al repatriar a decenas de mujeres indocumentadas, la iniciativa ha dado motivo al liderazgo de la ONU para reeditar su intención de involucrar al país en la crisis que ha disuelto casi todo vestigio de institucionalidad en Haití.
Hace más de un mes que cuatro agencias de la ONU urgieron a Estados Unidos a no expulsar haitianos antes de evaluar sus necesidades de protección, al advertir que “el derecho internacional prohíbe las expulsiones colectivas”, pero la respuesta de Washington fue deportar más de diez mil ciudadanos de ese país en una semana.
El Gobierno dominicano dispuso prohibir el ingreso desde Haití de mujeres embarazadas que abarrotan emergencias de maternidades públicas a las que acuden en procura de asistencia médica para alumbrar, una decisión soberana que obviamente no violenta derechos humanos.
Las autoridades también anunciaron que incrementarán las restricciones para impedir inmigración ilegal, además de disponer deportaciones de extranjeros indocumentados, lo que tampoco viola ninguna ley o convenio internacional.
Podría admitirse que las redadas migratorias en hospitales o sus alrededores ha sido una iniciativa innecesaria, porque las autoridades pueden ejecutar esos operativos en otros lugares sin poner en peligro la salud o integridad física de mujeres embarazadas que ya han ingresado al territorio nacional.
Antes de criticar a República Dominicana por su política migratoria, la ONU debería revisar el ejemplo de la Unión Europea que ha dispuesto sanciones contra Bielorrusia, a cuyo gobierno acusa de perpetrar un “ataque híbrido” o no convencional para desestabilizar a Europa al azuzar desenfreno migratorio a través de la frontera con Polonia.
Se rechaza con toda vehemencia la no disimulada y muy sesgada censura de la ONU contra República Dominicana a cuyo gobierno le asiste derecho de frenar los desplazamientos masivos desde Haití, con el mismo vigor que lo hace Estados Unidos y Unión Europea. Es asunto de soberanía.
