LA PAZ (BOLIVIA), 16/02/2021.- Fotografía de archivo fechada el 25 de enero de 2021, que muestra al expresidente de Bolivia, Luis Arce, mientras habla durante la entrega simbólica de cheques a productores del país para que puedan reactivar sus negocios y emprendimientos hoy, en la Casa Grande del Pueblo en la Paz (Bolivia). EFE/ Martín Alipaz ARCHIVO
La Paz, Bolivia. — El expresidente Luis Arce enfrentará este viernes una audiencia crucial, en la que un juez definirá si es enviado a prisión preventiva o si se le concede arresto domiciliario, mientras avanza la investigación por presunta corrupción vinculada al manejo del Fondo Indígena. Así lo informó este jueves uno de los fiscales del caso.
El fiscal Miguel Carzoso declaró que pedirán la reclusión preventiva del exmandatario (2020-2025) en un centro correccional para adolescentes ubicado en las afueras de La Paz, alegando “riesgo de fuga y obstaculización de la justicia”. No detalló los motivos por los que solicitarán su envío a ese tipo de centro.
Arce fue detenido el miércoles y permanecerá una segunda noche en dependencias policiales. Se le investiga por presunto incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, debido a que, según la Fiscalía, autorizó en 2015 —cuando era ministro de Economía de Evo Morales— el depósito de fondos del Fondo Indígena en cuentas particulares. Los delitos imputados podrían conllevar penas de hasta seis años de prisión.
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El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, añadió que Arce no puede optar por un juicio de responsabilidades, ya que este solo aplica para ilícitos cometidos durante el ejercicio presidencial.
Contexto de la detención
El exmandatario fue interceptado la víspera por agentes en una calle de La Paz, tras impartir clases en una universidad pública. Durante su interrogatorio ante una comisión de fiscales, decidió no declarar y se acogió a su derecho constitucional al silencio.
La indagatoria sobre el manejo del Fondo Indígena fue reabierta tras la llegada al poder del centroderechista Rodrigo Paz, quien denunció que en los casi 20 años de administración de Morales y Arce “hubo un saqueo” de recursos públicos destinados a comunidades rurales e indígenas.
Aunque el daño económico aún no ha sido determinado oficialmente, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, afirmó que en el caso de Arce el presunto desfalco supera los 51 millones de dólares. Señaló que, como presidente del directorio del Fondo Indígena, Arce autorizó desembolsos hacia cuentas particulares.
Acusaciones y clima político
De acuerdo con el exsenador Oscar Ortiz, quien investigó las denuncias en 2015, los recursos habrían sido desviados para “comprar lealtades” de dirigentes sindicales e indígenas afines al partido oficialista en tiempos de campaña. “El dinero no llegó a los sectores empobrecidos”, reiteró Oviedo.
La detención de Arce ocurre mientras el gobierno de Paz enfrenta protestas por la escasez de combustible y aún evalúa si eliminar o mantener la subvención a los carburantes, que representa una fuerte presión para las finanzas públicas en medio de la peor crisis económica en cuatro décadas.
