El Colegio Médico Dominicano (CMD) suspendió la huelga por 48 horas que había convocado en clínicas y hospitales contra las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS), aunque los que pagan platos rotos serían, como siempre, los pacientes.
Ese paro médico fue revocado luego que las partes en conflicto fueron convocadas a otra ronda de diálogo en la Superintendencia de Salud (Sisalril), a los fines de procurar atender las demandas del CMD y de sociedades médicas, sin que se ofrezca ninguna seguridad de que mañana o cualquier día se vuelva a lapidar a los pacientes.
Como ha sido siempre y parece que será por los siglos de los siglos, asociaciones profesionales ni autoridades toman en cuenta al momento de generar o dirimir conflictos que en el medio de sus intereses está la salud de los ciudadanos.
Empresas prestadoras de servicios y organizaciones de médicos solo velan por sus intereses, lo que no resulta pernicioso si no fuera porque para lograr ventajas o conquistas colocan a los asegurados en medio de su fuego cruzado donde los proyectiles sólo impactan en pecho y sienes de la población.
Pese a que el CMD suspendió ayer el paro de labores, miles de pacientes no recibieron asistencia médica en ninguna parte porque ya la disposición de paralizar consultorios y cirugías estaba en marcha, sin posibilidad de reponer esos servicios.
Las autoridades actúan con pasmosa irresponsabilidad al renunciar a la defensa irrestricta del derecho de la población a la salud por vía del seguro médico que los ciudadanos han contratado con las Administradoras de Servicios de Salud, empresas que velan más por sus utilidades que por dispensar servicio de calidad.
Los gremios y sociedades médicas no pueden jugar a la ruleta rusa con la salud de la gente, con paralizaciones abusivas que sólo tienen el propósito de forzar arreglos contractuales y no de mejorar deficientes y abusivos servicios hospitalarios.
Ojalá que Colegio Médico y las ARS arriben a un acuerdo justo y duradero, en la esperanza de que ambos respeten el derecho a la salud y al sosiego de una población que anhela acceder a un apropiado y universal régimen de seguridad social, que debería el Gobierno proveer.
