El giro político que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ha dado al supuesto entramado de corrupción que liderarían funcionarios del Gobierno de Danilo Medina, denominada Operación Calamar, desafía más la acción del Ministerio Público.

Los diputados peledeístas rompieron el quórum en la cámara legislativa al retirarse del hemiciclo en protesta por la detención del excandidato presidencial en las elecciones de 2020 y exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, así como la de también exministros José Ramón Peralta, Administrativo, y Donald Guerrero Ortiz, de Hacienda.

Los dos senadores peledeístas tomaron la misma decisión, pero sin romper el quórum, en protesta por la Operación Calamar, a través de la cual, según el Ministerio Público, se estafó al Estado con más de 19,600 millones de pesos.

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En una extraña reacción militantes peledeístas penetraron violentamente a la sede del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde causaron destrozos.

Que el PLD considere político el proceso contra sus dirigentes y exfuncionarios no constituye ningún problema. Lo inaceptable son las presiones e intimidaciones, así como cualquier alteración del orden público.

Las protestas y denuncias de los peledeístas comprometen más al Ministerio Público a presentar pruebas concretas sobre el supuesto desfalco y los actos ilícitos que atribuye a los tres exministros y demás imputados.