La designación del exdiputado Rafael Arias en la dirección del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) ha sido cuestionada por su condición de representante de una empresa de transporte de pasajeros.

Se aduce que el nombramiento plantea un conflicto de intereses. La reacción se convierte en el gran desafío para Arias regular un sector que como transportista se supone que conoce a la perfección.

En el desorden que tornan el servicio del transporte y el tráfico de vehículos en un pandemonio intervienen los más diversos factores, pero es obvio que los transportistas están entre los principales.

Como ejecutivo de la Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte (Conatra), Arias conoce las deficiencias de un sector caracterizado por la inseguridad y el caos. Por falta de autoridad y de planificación el tránsito es un infierno.

Las señales no se respetan y los conductores son quienes imponen sus propias leyes, regularmente en perjuicio de los usuarios. Además de aplicar la ley de movilidad y tránsito, que concierne a la operación de sindicatos y empresas del transporte, Arias puede promover iniciativas para mejorar y abaratar el servicio en beneficio de la población.