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Haití, ruta infernal

Haití, ruta infernal

Hugo A. Ysalguez

La República de Haití, si se podría llamar así, sigue una ruta infernal de violencia generada por las pandillas armadas, dejando cada día una secuela de crímenes y delitos, a su paso por los lugares que se apoderan, agregándose un peligroso ingrediente a las acciones bandoleras de un grupo de policías que tiroteó y provocó daños a la residencia del primer ministro, Ariel Henry, mientras este se encontraba en la Argentina, un hecho que nos recuerda el magnicidio del presidente Jovenal Moise.

En ese foro internacional, nuevamente el presidente Abinader, hizo hincapié en la necesidad urgente de que los países desarrollados constituyan un bloque para socorrer a Haití, pues la República Dominicana, no está en condiciones de asumir esa poderosa carga social, dado que tenemos muchas necesidades y una alta deuda social que está frisada porque la pandemia de una enfermedad letal como el virus del COVID y otros factores extranjeros han lacerado nuestra economía.

Haití se ha convertido en un territorio invivible, donde no es posible la convivencia pacífica y no existen reglas de derecho público ni privado, lo que impide regular las relaciones entre particulares y un ente con las facultades de un Estado para que asuma su rol constitucional y garantice la vida y los derechos inherentes a la persona humana, procurando soluciones a las falencias de un conglomerado de gente ingobernable.

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Hace décadas que el Estado haitiano colapsó, lo que impide tener un interlocutor con autoridad para abrir canales de solidaridad y de una búsqueda de salida a la grave crisis que sacude a sus habitantes, que huyen hacia diversos países, principalmente hacia la República Dominicana que no resiste esa pesada carga, pues carecemos recursos para satisfacer las necesidades más perentorias a consecuencia de una deuda social acumulada.

El secretario general de la ONU, Antonio Gutiérrez, urgió de manera urgente, por una fuerza de seguridad internacional en Haití para combatir las bandas armadas y contribuir a la gobernanza democrática, adoptar medidas que tiendan a mitigar el impacto desproporcionado de la violencia contra las mujeres y los niños, víctimas de agresiones constantes, sin tener amparo de protección.