Cuando en febrero de 2021 el presidente Luis Abinader anunció una inversión de 1,750 millones de pesos para la construcción de un muro fronterizo los aliados más progresistas no tardaron en censurar el proyecto.

Mientras crecía el rechazo de gente que entendía que antes que la verja era preferible obras de desarrollo a ambos lados de la línea, políticos que desde el poder se desentendieron de la masiva inmigración salieron a defenderla, no porque estuvieran de acuerdo, sino para meter cuñas o avivar la confrontación.

Muy a pesar de románticos aliados que en su momento no entendían la pertinencia del muro, como tampoco muchas otras cosas, el tiempo se ha ocupado de dar la razón al Presidente sobre la obra. La masiva inmigración haitiana, insoportable para la capacidad del país, ha roto todas las previsiones. Entonces, además de la verja, ha habido que repatriar a los miles y miles de sin papeles que no solo trabajan en la construcción y la agricultura, sino en cualquier oficio que les permita subsistir aunque sea en las más precarias condiciones.

El Gobierno ha encontrado la oposición en las repatriaciones de Estados Unidos y de organismos internacionales, pero por el problema que representa la masiva inmigración ha contado con el apoyo hasta del liderazgo político opositor.

En las deportaciones a los haitianos, aunque una que otra entidad como Unicef Haití alegue lo contrario, se les respetan su dignidad y sus derechos. Para República Dominicana, que tiene más de dos millones de sus nacionales residiendo en el exterior, esas medidas son traumáticas.

Visto el panorama no se puede afirmar, sin pecar de ligeraza o mezquindad, que las repatriaciones ni el propio muro guardan relación con un proyecto reeleccionista del presidente Abinader.

Pero tampoco con necesidad de congraciarse con ningún sector. Ambos proyectos en defensa del territorio más bien generan la malquerencia de los poderosos traficantes, porque afectan sus negocios, y de los empresarios que prefieren la mano de obra ilegal porque les resulta más barata. Bajo ninguna circunstancia esos grupos ni los que viven de la supuesta defensa de los inmigrantes, entre los que hay algunos responsables, pueden estar conforme con la decisión del Gobierno.

A Abinader hay que reconocerle que ha sido el gobernante que con más determinación ha abordado un problema que no comenzó con la deplorable crisis de gobernabilidad, alimenticia y de salubridad. Ni tampoco con la inseguridad que representa para la población la incidencia de las pandillas criminales. Se trata de un mal que viene de viejo, que al no enfrentarse ni siquiera con la aplicación de la ley de migración, con el tiempo no ha hecho más que agravarse hasta los niveles en que está hoy.