La programación de apagones como «remedio» para reducir el déficit operativo de las empresas distribuidoras de electricidad no es receta infalible para conjurar la crisis del subsector eléctrico ni tampoco puede aplicarse por tiempo indefinido porque conllevaría daños colaterales peores que la enfermedad.

El presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes (FDC), Iván García, estima que las interrupciones del servicio de energía, que se prolongan hasta por ocho horas, provocan pérdidas al sector por unos 1,800 millones de pesos mensuales.

Empresas industriales, manufactureras o de servicios, agobiadas también por los apagones, transfieren a consumidores y usuarios los costos por puesta en operación de plantas de emergencia, lo que trastorna los presupuestos de familias también agobiadas por las largas interrupciones del servicio eléctrico.

Lo penoso del caso es que la mayoría de esos establecimientos comerciales o manufactureros que reportan cuantiosas pérdidas cumplen cabalmente con el pago de la factura eléctrica, que nunca se reduce a pesar de los prolongados periodos de apagones.

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El Gobierno no estaría en condiciones financieras para transferir más de mil millones de dólares anuales al subsector eléctrico para cubrir pérdidas operativas de las Ede, por lo que se requiere aumentar la cobranza, pero la fórmula creada castiga por igual al consumidor fraudulento que al que paga su factura.

De manera eufemística se dice que los sectores azotados con horas diarias de apagones serían aquellos que generan por lo menos un 20 % de pérdidas a la distribuidora que le suministra energía, pero en realidad la gran mayoría de comunidades urbanos y rurales encajan en esa fatídica condición.

Al Ministerio de Energía y Minas le corresponde ilustrar a la población con informaciones precisas sobre la capacidad de generación que posee el sistema eléctrico nacional, así como el estatus de los programas de expansión de la oferta.

Se requiere que el Consejo Unificado de las Ede evalúe el programa de suspensión de energía eléctrica que tendría por finalidad compeler a usuarios fraudulentos a regularizar su situación, para determinar si el remedio ha resultado peor que la enfermedad, aunque en cualquier caso esa iniciativa basada en el garrote no podría prolongarse por siempre.