Aumentar los precios de bienes y servicios sin causa justificada, define exactamente el título de estas líneas.

Se trata de una práctica muy común en nuestro país, que gracia a la indiferencia de las autoridades competentes, así como a la tolerancia e impotencia del consumidor y/o usuario, se ha constituido en una norma. Lo penoso de todo esto es que, el sector más vulnerable, el de más bajos ingresos, imposibilitado de adquirir los bienes y/o servicios que requiere, debido a su limitado poder de compra… así de impactante y excluyente, resulta ser esta “avaricia insaciable” que, lamentablemente es impune en nuestro país.

Los efectos de esta realidad se tornan más trágicos y dolorosos, cuando son referentes a los precios de: medicamentos, el pasaje en el transporte público, los alimentos básicos, y Dios sabe cuántas otras cosas más. “Esto se traduce en menor consumo, mayor pobreza y desigualdad”, según lo consigna la receta de la Cepal.

Ocurrencias como la arriba señalada, se producen a diario en la geografía nacional; por esa razón, cuando se habla de “crecimiento en la economía” y “lucha contra la pobreza”, hay que destacar la importante y numerosa franja de “ciudadanos de a pie”, que está fuera del impacto presumido y anunciado por las autoridades. Ellos, son las víctimas permanentes de la inflación caprichosa.

A las autoridades les toca, sigue recetando la Cepal: “además de aplicar las medidas tradicionales, hacer un uso amplio de los instrumentos de la política monetaria y financiera, así como la coordinación con políticas sectoriales”.

Ojalá que tan precisa y oportuna receta, sea aplicada con la prontitud y efectividad que demanda la precaria situación que oprime a los más pobres. Esperemos.