La empresa Transcore Latam SRL, a la que la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas le suspendió un contrato por RD$1,317 millones, para la modernización y gestión de la red semafórica del Gran Santo Domingo, anuncio que hoy procedería a apagar los semáforos de la capital y provincia Santo Domingo.

Ante el rechazo en una sala penal del pedido de Habeas Corpus interpuesto contra la dependencia del Gobierno que paralizó esos trabajos, el abogado de la compañía, Carlos Balcácer, recomendó a la población salir temprano porque los semáforos serían apagados a partir de una hora que rehusó precisar.

Se trata de una amenaza o exabrupto absolutamente inaceptable que procura atemorizar a las autoridades y al orden judicial, que ha sido vertida, en el aparente entendido de que para esa gente esta es una aldea de súbditos que se cubren sus cuerpos con taparrabos.

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A Transcore Latam SRL le cuesta defenderse ante los tribunales de la República, en el orden civil, administrativo o penal, así como esclarecer su situación ante el órgano regulador de compras y contrataciones públicas, tal y como lo haría en cualquier otro país, sin incurrir en burda amenaza de desconectar la red de semáforos.

El Instituto de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) garantizó que el sistema semafórico no será interrumpido ni perturbado el flujo vehicular, aunque resulta pertinente advertir que de materializarse esa amenaza, sus autores podrían ser procesados por la posible comisión de un acto de terror.

La suspensión del referido contrato tiene carácter cautelar, hasta tanto las presuntas irregularidades que motivaron esa medida sean validadas o rechazadas en instancias contenciosas, procedimiento que se corresponde con el estado de derecho.

El señor Pedro Vinicio Padovani Báez, de quien se dice que fue colaborador del Intrant, antes de convertirse en su suplidor, debería saber o estar advertido, de que su amenaza de desconectar la red semafórica del Gran Santo Domingo, significa provocar una situación de caos que obviamente tipifica un ilícito penal

A partir de ese despropósito, el Gobierno está compelido a revisar todo lo concerniente a ese contrato, sin menoscabo de los derechos invocados por la compañía afectada, pero sin permitir ningún tipo de intimidación como el insólito anuncio de que hoy esa empresa apagaría todos los semáforos del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo.