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Interrogan empleados MP ligados a red eliminaba fichas criminales

Interrogan empleados MP ligados a red eliminaba fichas criminales

Fachada de la Procuraduría General de la República

Un equipo de fiscales de la Procuraduría General de la República allanó este martes varias oficinas de esa dependencia y casas de empleados del área de tecnología y de servicio al usuario donde supuestamente se eliminaban antecedentes penales o fichas de imputados en delitos organizados.

Los empleados supuestamente implicados en la trama de corrupción, son interrogados en la  segunda planta del edificio de la Procuraduría.

Trascendió que durante las pesquisas han sido llamados a interrogatorios tres técnicos del departamento de informática, varios empleados al Servicio al Usuario de la Procuraduría y agentes de distintos organismos de seguridad.

Se informó que los allanamientos e interrogatorios guardan relación con el caso del nombrado  Joel Ambioris Pimentel García (La J), quien fue señalado como el supuesto responsable de la amenaza dirigida a la procuradora Miriam Germán Brito.

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Sin embargo, luego que el Ministerio Público iniciara una persecución contra los integrantes de la red, y especialmente contra La J, su abogado declarara que su defendido nunca ha sido sometido a la justicia.

Pimentel García (La J), figura como el principal implicado en la operación de narcotráfico Halcón IV, puesta en marcha por el Ministerio Público en Santiago con agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y la Policía Nacional.

El pasado fin de semana la DNCD con el apoyo de  la Policía Nacional y del  miembros del Ministerio Público, desmantelaron un poderoso  centro de empaques y distribución de sustancias controladas, en Licey al Medio, Santiago, apresando a dos mujeres y a un hombre e  incautando  más de 25 mil gramos de drogas, vehículos, dinero en efectivo, prendas y una pistola.

De acuerdo a la DNCD, los detenidos, que pertenecen supuestamente,  a la estructura del alegado narcotraficante  Joel Ambiorix Pimentel García  (la J), fueron posteriormente sometidos por el Ministerio Público de Santiago para que le conozcan medidas de coerción por violación a la ley 50-88, sobre drogas y sustancias controladas.

El Nacional

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