De las 160 muertes violentas registradas en lo que va de año, 53 han sido a manos de la Policía, en supuestos o reales intercambios de disparos, todos los cuales tienen la misma narrativa de justificación que consiste en señalar que los agentes se vieron obligados a responder la agresión a tiros del delincuente.

En no pocos casos, familiares o vecinos niegan la versión policial y afirman que individuos muertos en supuestos enfrentamientos con agentes policiales fueron ejecutados o baleados sin presentar resistencia, pero en casi todos los casos la versión oficial es la que prevalece.

A los 53 fallecidos a manos de la Policía se agregan las muertes de dos supuestos participantes en el atraco a una sucursal del Banco Popular y otro que era perseguido por la supuesta comisión de varios homicidios, todos los cuales fueron abatidos al enfrentar a agentes policiales, conforme alega esa institución.

El ministro de la Presidencia, Joel Santos, dijo que los homicidios se han reducido en un 15.5 % y los robos en un 10.2 %, lo que en ningún modo se pone en duda, pero a la cifra de 160 muertes violentas en 2024 indica que de enero a lo que va de junio se producen en promedio 32 muertes al mes o más de una cada día.

Si bien se reducen los homicidios, como sostiene el Gobierno, la población sufre aun el influjo de un elevado nivel de violencia, delincuencia y criminalidad, como lo demuestran los asaltos a dos sucursales bancarias en menos de diez días y los cotidianos atracos a comercios y personas físicas.

La narrativa policial de que las 53 muertes atribuidas a miembros de la Policía durante 2024 se justifican porque los agentes actuantes respondieron a agresiones de sus víctimas, pone en entredicho la versión oficial de que la violencia y los homicidios se han reducido.

Algún mal de fondo afecta al Ministerio Público y al Orden Judicial que motiva a la población a acostumbrarse a que cada vez más presuntos delincuentes caen abatidos en intercambios de disparos con la Policía, en vez de ser apresados, sometidos a los tribunales y condenados a penas aflictivas e infamantes.

Sin emitir juicio de valor en relación al elevado número de personas que mueren en alegados enfrentamientos con las autoridades, preciso es recordar, aunque desagrade a mansos y cimarrones, que en el Código Penal Dominicano no figura la pena de muerte.