El Senado se dispone a reabrir la revisión y discusión del muy añejo proyecto de Código Penal ante el justificado temor ciudadano de que se reediten vergonzosos circos legislativos y mediáticos que frustraron toda posibilidad de que fuera convertido en ley para reemplazar al centenario estatuto vigente.
Esta vez la presidencia de la cámara alta conformó una comisión especial para tratar de desmarañar una de varias versiones de ese proyecto que lleva más de 20 años de deambular en el Congreso, ante lo cual senador Ricardo de los Santos, urge saldar una deuda que tienen los legisladores con el país.

Otros congresistas se muestran optimistas en torno a la posibilidad de que esta vez el Código Penal sea convertido en ley “porque ya cesaron las presiones internacionales que lo impedían”, sin que esos legisladores denunciaran antes cuáles fuerzas supranacionales obraron contra su aprobación.

A pesar de que ese proyecto cuenta con más de 70 nuevas tipificaciones de ilícitos penales, sólo la inclusión de las tres causales en las que se permitiría el aborto ha sido la piedra de discordia que literalmente ha dividido a la sociedad dominicana o al menos a influyentes grupos de presión social, política y religiosa.

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El Partido Revolucionario Moderno (PRM), que durante campañas electorales apoyó la legalización del aborto cuando el embarazo se origine por una violación, que el feto sea inviable o que ponga en peligro la vida de la madre, se da por descontado que con su mayoría aprobará el proyecto sin esas causales.

La población votante otorga mayoría legislativa relativa o absoluta a un partido o coalición de organizaciones para que la use en favor de los intereses nacionales, sin temor “a presiones internacionales”, influencia o coacción de grupos de intereses locales, ni aun por mandato del titular del Poder Ejecutivo.

Esa mayoría legislativa, con el concurso de su liderazgo partidario, y después auscultar consenso y disenso entre los diversos sectores nacionales, ha debido actuar con responsabilidad y aprobar el Código Penal con o sin las tres causales, sin alegar que fueron víctimas de presiones originarias de allende los mares.

Que no reedite el Congreso el fastidioso espectáculo circense alrededor de un Código imprescindible para garantizar la prevención, persecución y aplicación de régimen de consecuencia a ilícitos penales de última generación. Lo de aprobar o rechazar las tres causales corresponde a quienes ostentan la mayoría congresual.