El espíritu de los legisladores que aprobaron la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, que da origen al Intrant era sin dudas que esa entidad elaborara y ejecutara políticas tendentes a mejorar el caótico tránsito en el país.

Vistos los resultados cuatro años después nos damos cuenta que es poco para lo que ha servido esa entidad, salvo para pagar favores políticos y abultar más la nómina pública.

El Intrant se ha gastado en sólo cuatro años más de 7 mil millones de pesos de los impuestos que paga la población, en seminario, talleres, programas y pago de jugosos salarios.

Cada año esa entidad destina más de 500 millones de pesos sólo para el pago de personal y asesores, mientras las calles cada día son menos transitables.

Vehículos estacionados sobre las aceras, “voladoras” disputándose pasajeros a alta velocidad, talleres de mecánicas y otras índoles que obstruyen las vías, es el pan nuestro de cada día, sin que ninguna autoridad intervenga.

El papel del Intrant realmente es confuso, en la gestión de Claudia Franchesca de los Santos se pasó el tiempo en seminarios y talleres a conductores que parece asimilaron poco, porque las violaciones no sólo se mantuvieron sino que se incrementaron.

Ahora el director Rafael Ernesto Arias tiene la responsabilidad de responder a la sociedad haciendo del Intrant una entidad funcional que amerite los casi 2 mil millones de pesos que le asignan en el Presupuesto General del Estado.