Las exoneraciones otorgadas a los legisladores para importar vehículos con valor sin límite se erigen como afrenta contra una población que tarde o temprano tendrá que pagar a través de una reforma fiscal los platos rotos por el dispendio y la corrupción que por mucho tiempo han carcomido al Estado.

En intento por mantener un irritante privilegio, desde el litoral congresual se condiciona la eliminación de esas exenciones arancelarias a que también se supriman exoneraciones que en diferentes modalidades disfrutan instituciones y personas físicas, tanto a nivel oficial como en el sector privado.

Ante el anuncio de dos senadores de someter proyectos de ley que supriman o limiten esas exoneraciones, algunos diputados amenazan con elaborar otro proyecto para suprimir el Fondo de Asistencia Social (barrilito), instituido en la cámara alta, que representa una erogación de 252 millones de pesos al año.

Este es un buen momento para que propios legisladores se complazcan mutuamente con la eliminación de las exoneraciones a importación de vehículos de lujo, así como los fondos públicos destinados por la vía del Congreso al clientelismo político, en el entendido de que representan inaceptables privilegios.
Hace más de medio siglo que se instituyó otorgar a diputados y senadores el derecho a importar un vehículo de valor limitado para el desempeño de sus funciones, pero esa facilidad ha devenido en dos divinas prebendas de inmenso valor de venta, lo que ha representado al fisco un sangrado por miles de millones de pesos.

El legislador es un funcionario que en términos laborales requiere y merece que el Estado lo provea de condiciones esenciales para cumplir con su labor, pero nunca para convertirlo en un ente privilegiado digno de poseer el cielo y la tierra, por lo que se requiere limitar el alcance de esas exoneraciones de importación de vehículos.

Ningún funcionario del Estado debería poseer canonjías a cargo de fondos públicos, como pensiones excepcionales otorgadas sin cumplir el tiempo requerido por la ley o con montos exorbitantes fijados mediante disposiciones aprobadas por propios beneficiarios, como ocurre en varias instituciones públicas.
Toda forma de privilegio o discrimen en las funciones públicas deben ser erradicadas de cuajo sin ningún tipo de contemplaciones y sin importar que afecte a legisladores, empresarios, periodistas, maestros y médicos, o al más encumbrado dignatario.