Los jueces vuelven a demostrar que no están en dejarse avasallar de los fiscales con las críticas a las sentencias que favorecen a imputados en escándalos de corrupción.

Con una opinión pública atenta a los procesos los magistrados, sin entrar en juicio de valor, hacen bien en defender sus decisiones.

De esa manera asumen su responsabilidad y atajan maliciosas especulaciones que relacionan las sentencias con intereses políticos o de alguna índole extrajudicial.

El caso del mayor general Adán Cáceres, la pastora Rossy Guzmán y otros imputados en la operación Coral a quienes se liberó de prisión ha generado desaliento y suspicacias en la lucha contra la corrupción.

Tras una estruendosa jornada mediática los jueces atribuyen las liberaciones a que el Ministerio Público no ha sustentado los expedientes con pruebas irrefutables.

Si se parte del caso Odebrecht también se infiere que las investigaciones han sido sesgadas. Lo mismo puede decirse del expediente por los sobornos para la compra de los aviones Tucano y del escándalo de los solares en el sector Los Tres Brazos.

El procurador adjunto Wilson Camacho ha negado los motivos de los magistrados para fallar a favor de imputados en corrupción.

Cierto o no la sensación con la demora para sometimientos y las sentencias absolutorias es que la lucha contra la corrupción terminará en un rotundo fracaso.