Opinión

Jueces del TC

Jueces del TC

Pedro P. Yermenos Forastieri

Quienes no partan de la premisa de que el derecho es un instrumento al servicio del poder establecido, tendrán dificultades para comprender las selecciones que hace el Consejo Nacional de la Magistratura de los integrantes de las altas cortes. En todos los sistemas las cosas funcionan iguales, la clase dominante utiliza los instrumentos jurídicos para imponer reglas de juego que respondan y garanticen la supremacía de sus intereses.

Detrás de todas las formas de conducir Estados se escuda una ideología y a esos pensamientos y conceptos se corresponde el derecho que prevalece en ese momento determinado.
El poder no se ejerce con criterios mezquinos

En el sentido anterior, ante maneras particulares de concebir distintos aspectos de la vida, y que sean las que primen en la dirección del Estado, resulta quimérico suponer que las normas jurídicas y sus ejecutores apuntalen visiones distintas a las que sustentan los dominantes de turno. Si las ideas del poder son conservadoras, lógico es que la institucionalidad sea estructurada a partir de esa concepción del mundo.

Igual ocurre si son liberales. En la economía, en la salud, la educación, las políticas de medio ambiente, lo fiscal, las actitudes ante el tema de género, las reacciones ante preferencias sexuales, los criterios de política criminal, las posibilidades de interrupción de embarazos, en todos, se pondrán de manifiesto las ideas de quienes manden.

Se trata, como resulta fácil colegir, de asuntos de naturaleza política y eso no es bueno ni malo, es normal que así sea porque las luchas por el poder se reducen a eso, al esfuerzo por hacer prevalecer las ideas que sustentan quienes lo persiguen y es comprensible que una vez obtenido hagan todo lo posible por concretizar sus postulados y eso se logra a través de determinada institucionalidad y con personas que comulguen con esas ideas.

Eso explica que los gobernantes se empeñen en conformar las instituciones de tal forma que en ellas prevalezcan las ideas que constituyen las directrices de sus gestiones gubernamentales.

Aceptado como natural el anterior proceder, lo que habría que esperar es que quienes tienen el control de las riendas públicas no lo ejerzan con criterios mezquinos. Si bien se les reconoce el derecho de estructurar las cosas en función de sus planteamientos, que al menos las canalicen a través de personas idóneas para las funciones a desempeñar. Nadie puede afirmar, con razón, que eso haya sobresalido en nuestro país en tópicos tan decisivos para una auténtica democracia.

El Nacional

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