Santo Domingo.- La jueza coordinadora de los juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional autorizó a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), accesar al informe financiero sobre una investigación abierta en contra del ex ministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz.
La magistrada Kenya Romero ordenó a las Superintendencias de Bancos, de Valores, de Seguro, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), el Instituto de Desarrollo del Crédito Cooperativo (Idecoop) proveer al director del Pepca, Wilson Camacho, reportes e informes relacionados con operaciones realizadas en dicha gestión.
La jueza fijó un plazo de 60 días para ejecutar la orden judicial, a partir del 23 de agosto pasado, e incluye las informaciones que sobre el caso existan en el sistema financiero de las entidades supervisadas.
Esto incluye movimientos de cuentas y productos, relacionados a pagos y excepción de impuestos a 209 personas.
El Ministerio Público investiga a Guerrero por casos que involucran “tipos penales preliminares de asociación de malhechores, falsificación, estafa contra el Estado, sobornos, coalición de funcionarios y lavado de activos».
La investigación abarca a los ex funcionarios Emilio César Rivas Rodríguez, ex director de Bienes Nacionales, Claudio Silver Peña, ex director de Catastro Nacional, Luis Miguel Picirillo Mccabe, y Domingo Enrique Martínez Reyes, ex miembro del Consejo Estatal del Azúcar.
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Además, Simón Lizardo Mezquita, ex administrador del Banco de Reservas, Luis Baldemiro Reyes Santos, ex director general de presupuestos, Daniel Omar de Jesús Caamaño Santana, ex contralor general de la República, Princesa Alexandra García Medina y Aldo Antonio Gerbasi Fernández, de ex miembro de la Dirección de Reconocimiento de Deuda Pública, entre otros.
Asimismo, se identificaron empleados que presuntamente tuvieron participación en los hechos, entre ellos Hortensia Arelis Santiago, ex analista de deuda administrativa del Ministerio de Hacienda, Belkis Tejada Ramírez, ex directora jurídica de Bienes Nacionales, quien a la vez era responsable de registro y análisis.
También, Rolando Méndez Morillo, agrimensor de Deuda administrativa, Oscar Ramón Ortiz de la Rosa, quien figura como agrimensor de Deuda Pública, siendo oficialmente el coordinador del Plan Nacional de Titulación de la Dirección de Bienes Nacionales.
También se menciona a Rafael Geraldo Collado Ventura, agrimensor de Bienes Nacionales, María Altagracia de la Rosa Hidalgo, encargada de auditoría interna de la contraloría general de la República, Príamo Jiménez Toribio, auditor de la contraloría, y William Antonio Castillo.
De acuerdo a la investigación, en la gestión de Donald Guerrero se realizaron «maniobras fraudulentas» con el objetivo de sustraer del erario la cantidad de RD$19, 653, 871,513.80 por concepto de acuerdos transnacionales.