El exprocurador general de la República Jean Alain Rodríguez y tres de los imputados en la red de corrupción puesta al descubierto a través de la “Operación Medusa” iniciaron esta mañana el proceso de sus alegatos de defensa en la continuación del proceso de medida de coerción que se conoce en la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional.
Este lunes, la juez Kenia Romero tiene previsto terminar con el conocimiento de la solicitud de medida de coerción, tras escuchar los últimos cuatro últimos imputados, que son el exprocurador Jean Alain Rodríguez, Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, Alfredo Alexander Solano Augusto y de Javier Alejandro Forteza Ibarra.
Presentaron ya sus alegatos de defensa los imputados José Miguel Moya, Altagracia Guillén Calzado, Rafael Mercedes Marte y Jenny Marte Peña.
La solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público en el caso Medusa está sustentada en un escrito de 296 páginas, con un contenido adicional de más de 5 mil 800 pruebas.
Con dichas pruebas, persigue que la magistrada Romero les imponga a cada una 18 meses de prisión preventiva y declaratoria de complejidad del caso, a los fines de disponer de tiempo para ampliar la investigación.
Las cárceles
Entre las imputaciones que pesan contra el procurador Rodríguez figura la supuesta sobrevaluación y otros actos de corrupción cometidos en la construcción del complejo penitenciario en Guerra como parte del programa de “Humanización Carcelaria” que ejecutó con fondos del acuerdo que hizo con la constructora Nolberto Odebrecht.
Sobre el particular, Rodríguez respondió a través de su cuenta de Twitter, que la construcción de dicho complejo lejos de estar sobrevaluada, esta subvaluada.
Como parte de las pesquisas, el Ministerio Público informó que evalúa con técnicos de Medio Ambiente e ingenieros estructuralistas las condiciones del citado complejo penitenciario.
Dicho complejo fue construido en la gestión del exprocurador Rodríguez “en una zona de lagunas del municipio de Guerra”.
La procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, dijo deplorar el hecho de que Rodríguez se embarcara en construir sobre un terreno pantanoso que requería de grandes volúmenes de relleno, a pesar de que los informes del Ministerio de Medio Ambiente apuntaban a que el proyecto exhibía menos de un 37% de cumplimiento de los requerimientos técnicos requeridos para su licencia ambiental.
