Integrantes del equipo de juristas que anunció ayer la elaboración de un expediente contra los reeleccionistas.
Un equipo de juristas, encabezado por el expresidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) Rafael Luciano Pichardo y el doctor Mariano Vinicio Castillo, anunció ayer la preparación de un expediente para someter a la justicia por soborno y otros delitos a legisladores y funcionarios que supuestamente habrían cometido esa práctica en busca de los votos que hacen falta para la reforma de la Constitución.
Además de Luciano Pichardo y del doctor Castillo, el grupo lo integran Pedro Romero Confesor, Abel Rodríguez del Orbe, José Enrique Hernández Machado y Juárez Castillo Semán.
Los juristas dijeron que cuentan con testimonios de personas vinculadas a los alegados sobornos y anunciaron la creación de un correo para los interesados en enviar documentos al respecto para la elaboración del expediente.
Juárez Castillo, vocero del grupo, declaró que los tipos penales a ser perseguidos son coalición de funcionarios, prevaricación, enriquecimiento ilícito, soborno, desfalco y lavado de activos.
“Cada día es más evidente el fin de comprar conciencias de legisladores para un anómalo y fraudulento proceso de modificación de la Constitución tendente a evitar, sortear, diluir y o rehuir el estricto y mandatorio cumplimiento del artículo transitorio de la Constitución, que prohíbe toda nueva repostulación al actual presidente de la República”, manifestó Castillo.
La dirección del correo creado para la recolección de evidencias es constitucionydemocraciard@gmail.com.
Castillo exhortó a la población a denunciar a través de ese correo a quienes puedan cometer delitos contra la institucionalidad.
Dijo que un amplio cuerpo de abogados y técnicos asiste al grupo en la recepción de denuncias, evidencias y en la preparación de los expedientes.
Precisó que ese tipo de acción en base a sobornos no se puede realizar, en virtud de que, según dijo, subvierte el orden institucional en vista de lo establecido en el artículo 73 de la Constitución, que expresa que: “Son nulos de pleno derecho los actos emanados de autoridad usurpada, las acciones o decisiones de los poderes públicos, instituciones o personas que alteren o subviertan el orden constitucional”.
