Namphi Rodríguez
Por: Namphi Rodríguez
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La Cámara de Diputados se apresta a reabrir al procedimiento para seleccionar las ternas que someterá al Senado para la escogencia de los titulares de un nuevo sexenio de la Defensoría del Pueblo.
Pese a los debates que se generaron en la reforma constitucional del 2010 sobre la relevancia de este órgano lo cierto es que quienes asumimos su defensa, hoy podemos aquilatar su importancia en el contexto de una pandemia que golpea severamente los derechos humanos.
Durante el actual Estado de Emergencia y en el Estado pospandémico que vendrá tras la covid-19, a este órgano le aguarda un rol preponderante para evitar que “ejércitos de olvidados sociales” sean arrojados a las filas paupérrimas de la pobreza extrema y de la delincuencia callejera.
La enorme legión de personas vulnerables que dejará la pandemia convierte a la Defensoría del Pueblo en la instancia idónea para coadyuvar en la articulación de un diálogo social y político que permita hacer más eficaces los programas asistenciales que se implementan.
Muchos colectivos dependen de esos programas para garantizar derechos como alimentación, salud y educación, por lo que la Defensoría del Pueblo debe asumir un rol activo en el acompañamiento de la gestión de los mismos.
Más aún, si tenemos a la vista que en lontananza no se vislumbra el final del Estado de Emergencia que conculca derechos como las libertades de tránsito, reunión y asociación.
La Defensoría está llamada a ser garante para que no se produzcan medidas que socaven aún más estos derechos fundamentales.
El próximo Defensor del Pueblo tendrá que asumir un mayor involucramiento en una estrategia para hacer frente a los estragos sicológicos de la covid-19 en los hogares y frenar la violencia infrafamiliar y el abuso infantil.
El país necesita una Defensoría con un mayor involucramiento en el drama de miles de internos enfermos en el sistema carcelario, donde al hacinamiento y violación de derechos humanos se han agregado las secuelas del letal coronavirus.
Hay que evaluar experiencias comparadas de países como Nueva Zelanda, que han implementado un modelo de privatización de cárceles bajo el esquema de que quien administra el establecimiento penitenciario no es remunerado por el simple alojamiento de un interno, sino por los índices de resocialización que el concesionario-carcelario logra con quien sale de la cárcel y regresa a la sociedad.
Como vemos, las tareas que tiene por delante la Defensoría del Pueblo para los próximos seis años hacen que el Congreso extreme la sensatez para lograr un consenso político que permita la selección de un defensor capaz de responder a estos desafíos del acuciante tiempo presente.
