A la Procuraduría General de la República le corresponde confirmar o desmentir la noticia de que al menos 180 mil exfuncionarios tienen impedimento de salida del territorio nacional, de los más de 500 mil ciudadanos a los que se les ha impuesto esa sanción en correspondencia con implicaciones de ilícitos penales.

Tan elevada cantidad de ex servidores públicos, incluidos legisladores, jueces y fiscales tendría ribetes de alarmante, o como diría un hijo de pueblo, “la mitad todavía es demasiado”, más aun cuando muchos de esos impedimentos serian por narcotráfico, lavado de dinero, y prevaricación.

En informes anteriores sobre cantidad de ciudadanos con impedimento de salida del país, se menciona a “decenas de ex funcionarios, ex legisladores, pasados alcaldes, regidores y hasta miembros activos y retirados de las Fuerzas Amadas y la Policía.

Se sabe que la veda a viajar al extranjero es una medida cautelar que emana de un juez o corte en perjuicio de ciudadano que tienen cuenta pendiente con la justicia, y que su ejecución corresponde al Ministerio Publico y a la Dirección de Migraciones.

Si la cifra global de prohibición de salida en 2022 ascendía a 411 casos, debería llamar la atención que a este año supere los 500 mil y que se hable de 180 mil ex funcionarios civiles y militares entre los afectados, lo que hace pensar que ese renglón supera a cualquier otro, incluidos narcos y estafadores.

De confirmarse que alrededor de 180 mil antiguos funcionarios tienen impedimento de salida por involucramiento en tipos penales, habría razón para que la sociedad toda se coloque las manos sobre la cabeza ante lo que ha sido el auge de la corrupción y la criminalidad.

Valdría la pena que la procuraduría general informe sobre los casos pendientes en los tribunales que involucran a los impedidos de viajar y si esos expedientes se incluyen entre los que perimen por falta de atención del Ministerio Público o del Orden Judicial.

La cifra de más de medio millón de impedimentos de salida del país, incluidos 180 mil ex funcionarios, es incompatible con un Estado Social de Derecho que se vanagloria de su fortísima institucionalidad democrática, la independencia del Ministerio Público y del Sistema Judicial, o quizás ya arribamos al fatídico escenario de una sociedad matizada en todos los niveles por la delincuencia y la criminalidad.