La modificación por el Senado de la ley de gestión integral y coprocesamiento de residuos sólidos representa un balón de oxígeno para las finanzas de las alcaldías y distritos municipales. Las entidades edilicias recibirían 30 pesos por habitante para la recogida de basura.
Pero ante la queja de sectores empresariales de que la modificación se aprobó sin consenso, hace bien el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, en escuchar, antes de conocerse en el hemiciclo, el parecer de los distintos sectores.
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Hay que acostumbrarse a la discusión, sobre todo en asuntos que envuelven intereses particulares, y no a la siempre odiosa imposición. Antes que debilitarse con la participación de los más diversos sectores el proyecto puede resultar hasta fortalecido. Extraña que quienes hayan gritado con la modificación sean representantes del sector empresarial, pero como parte interesada tienen sus razones.
Aunque se esté en desacuerdo con sus alegatos, al menos en algunos aspectos. Los propulsores de la modificación pueden aprovechar la ocasión para probar que la ley no ha sido mutilada y defenderla como alternativa para enfrentar el problema de la basura.