La literatura es una de las ramas de las bellas artes que más proyección le da a un país, porque sirve de canal de difusión de la cultura y el pensamiento de los pueblos. Es por ello que los gobiernos están obligados a protegerla, brindándoles a los escritores reales posibilidades para la difusión de sus obras.

Al tenor de lo establecido en el artículo 64, numeral 1 de la Constitución, el gobierno está en la obligación de: “Establecer políticas que promuevan y estimulen, en los ámbitos nacionales e internacionales, las diversas manifestaciones y expresiones científicas, artísticas y populares de la cultura dominicana e incentivar y apoyar los esfuerzos de personas, instituciones y comunidades que desarrollen o financien planes y actividades culturales”.

El derecho a la cultura presupone que: “toda persona tiene derecho a participar y actuar con libertad y sin censura en la vida cultural de la nación, al pleno acceso y disfrute de los bienes y servicios culturales, de los avances científicos y de la producción artística y literaria. El Estado protegerá los intereses morales y materiales sobre las obras de autores e inventores”, según versa en el artículo 64 de la Constitución.

Visto los referidos artículos, es importante acotar que la realidad de la cultura en la República Dominicana no se maneja acorde con las consagraciones constitucionales, en el sentido de que, en los últimos gobiernos, esta ha sido sometida a tasas que son inalcanzables por los artistas, sobre todo de las Bellas Artes.

Esa tendencia de tornar inalcanzable la impresión de libros, alquileres de locales estatales para la puesta en circulación y otras actividades inherentes a la literatura, dificulta, según transcurre el tiempo; y cada vez más, el difícil ejercicio intelectual producto del interés pecuniario de los principales gestores de las instituciones quienes deben promover desinteresadamente la cultura y las artes.

Por tanto, la dirección de la Biblioteca Nacional es la menos llamada a imponer arbitrios por el uso de sus instalaciones.

No ha habido leyes ni disposiciones gubernamentales que hagan viable el noble ejercicio de escritor en el país. Una muestra de esos obstáculos que enfrentan los cultores del arte literario en la República Dominicana, fue lo que aconteció recientemente con el destacado periodista José Pimentel Muñoz, quien al pretender poner en circulación su libro Memorias de San Cristóbal en uno de los salones de la Biblioteca Nacional, recibió la infausta noticia de que debía pagar la suma de RD$25, 000.00.

Por: Marino Báez