El proyecto de modernización fiscal transitaría en el Congreso la misma vía expresa que cursa la reforma constitucional para ser convertido en ley en un santiamén sin que se advierta que esa no es una pieza retórica sino un ramillete de impuestos que impactaría acremente en la población y el sector productivo.

Esa reforma contenida en un documento de 60 páginas repleto de tecnicismo tributario, no sería de la comprensión del ciudadano ordinario aunque lo explique algún Premio Nobel de economía, pero tampoco hace falta porque la gente sentirá sus efectos en el bolsillo y en el estómago.

El Gobierno mercadea tan áspero andamiaje fiscal bajo el argumento de que fueron consultados todos los sectores sociales, económicos y políticos, que es un mandato de la Estrategia Nacional de Desarrollo y de que en el mediano y largo plazo ayudará a consolidar la economía. Justificación insulsa e insuficiente.

Se dice que la propuesta de reforma fiscal recaudará RD$122,486.6 millones, pero no se han calculado los ingresos adicionales que se obtendrían con el endurecimiento de la ley contra la evasión fiscal que representa un 5 % del PIB, más aun cuando se equipara esa falta con el de “un crimen de Estado”.

También te podría interesar: Socializar la reforma

Las autoridades tendrán que escuchar reclamos de los sectores turismo, textiles e industria del cine, cuyas exenciones fueron eliminadas, así como resabios por la aplicación de un 27 % de impuesto a quienes devengan ingresos de 200,000 pesos mensuales, y por la eliminación de la deducción del gasto educativo del ISR.

La clase media será impactada muy severamente con la ampliación de la base del Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados (Itebis), supresión de la exención impositiva a los envíos de mercancías de bajo valor (menos de US$200), duplicación del impuesto a la circulación de vehículos (marbete) y la ampliación del gravamen a la Propiedad Inmobiliaria (IPI).

Es verdad que hubo consenso sobre la necesidad de una reforma fiscal, pero el sector productivo, empleados ni consumidores han renunciado a su derecho a participar en discusiones abiertas sobre sobre el principio de integralidad y equidad de los diversos gravámenes o eliminación de exenciones.

Se incurriría en un grave error si el Gobierno enrumba el proyecto de modernización fiscal por la autopista por donde transita a gran velocidad la reforma constitucional, porque se pondría en riesgo la estabilidad económica y la gobernanza social y también porque lo demasiado hasta Dios lo ve.