De los cuatro jueces del Tribunal Constitucional (TC) escogidos ayer por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), dos fueron a unanimidad; uno con siete de ocho sufragios posibles y otro con el voto disidente de los dos consejeros de oposición, lo que indica que la selección de esos magistrados osciló entre lo ideal y lo posible.
Las nuevas designaciones recayeron sobre los letrados Miguel Valera Montero, Alba Luisa Beard, José Alejandro Ayuso y Domingo Antonio Gil, quienes sustituyen a los salientes jueces Víctor Gómez Bergés, Leyda Margarita Piña, Idelfonso Reyes y Jottin Cury.
Es obvio que cuando se procura seleccionar a cuatro jueces entre 45 aspirantes con sobradas calificaciones para ocupar una silla en esa alta corte, los resultados de esa escogencia sería objetada o censurada por más de una individualidad o sector, pero debe reconocerse que esta vez no hubo mayores dificultades.
Tres de los magistrados escogidos provienen de la Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), en tanto que Ayuso es egresado de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (Unphu). Se destaca también el amplísimo currículo académico de esos nuevos jueces.
Los representantes de la oposición ante el Consejo Nacional de la Magistratura, José Ignacio Paliza y Josefina Castillo, afirmaron que se escogieron “cuatro jueces capaces”, aunque deploraron que no se acogiera el pedido de que se escogieran dos hombres y dos mujeres.
Sin todavía acercarse a la perfección, puede decirse que la clase política y académica representada en el CNM unificó criterios y propósitos en la selección de jueces calificados al Tribunal Constitucional, lo que constituye un gran aporte al fortalecimiento de la democracia y la gobernanza.
La útil experiencia de relativo consenso alcanzado en el seno del CNM para la escogencia de magistrados del TC, debería ser extrapolada a otras áreas vitales de la vida nacional, en la esperanza de que se obtenga frutos similares, como serían los casos de los trabados Pacto Eléctrico y Pacto Fiscal.
El presidente Danilo Medina y los demás integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura actuaron a la altura de sus responsabilidades políticas y cívicas al seleccionar los cuatro jueces del Tribunal Constitucional, en un contexto jurídico y político en el que todos se esforzaron por acercar lo ideal a lo posible.
