Muchos no recordarán que hace 20 años, los beneficios de las pensiones en República Dominicana llegaban a tan solo un 5% de nuestros mayores de 60. Muchos, tampoco tendrán en la memoria de que la mitad de los mayores solo recibían 800 pesos al mes.

Muchos otros habrán olvidado que sólo el 15% de los dominicanos se beneficiaba de estas pensiones. ¿Olvido? Ignorancia o simplemente seguidismo de un diputado que el pasado domingo admitió darle igual la crisis sanitaria, porque perseguir la entrega del 30% era más importante.

La Ley 87-01 del 9 de mayo de 2001 creaba un nuevo sistema de capitalización individual que venía a corregir la mala administración de los fondos por parte del Estado, la evasión en las contribuciones, sumada a las estadísticas de vida que indicaban que el sistema de reparto iba hacia la quiebra no solo en República Dominicana, sino en otros países latinoamericanos.

La inestabilidad de los gobiernos consolidaban al sistema de capitalización individual como escudo protector de las pensiones de cada individuo, más allá de colores políticos o coyunturas económicas.

Dicha ley, cuya promulgación no fue fácil de conseguir, ha sido hija de un diálogo constructivo, consensuado y tripartito entre Gobierno, patronal y sindicatos. Un ejemplo de consenso y de fe en el futuro, conformando un sistema sólido de largo plazo que permita, no solo blindar las pensiones de los dominicanos, sino a su vez, permitir un flujo financiero interno que exima de financiaciones externas, más costosas, al mismo tiempo que apueste por inversiones estratégicas de la economía, como la agroindustria, el turismo o la energía renovable.

Esa legislación posicionó además a nuestro país en el grupo de naciones que asumieron el compromiso de facilitar reformas estructurales en los sistemas de pensiones.

Casi 20 años después, nuestro país ha logrado una afiliación del 80% de su población gracias a la conformación de la figura canalizadora de las AFP. Este sistema ha ido evolucionando logrando incrementar el ahorro final de la edad de retiro de cada dominicano en un 50% más allá de lo aportado. Es decir, con nuestro trabajo aportamos para nuestra pensión un 20% de lo que recibiremos al retirarnos, nuestros empleadores aportan para nuestro retiro un 30% y, el otro 50%, es gracias a los intereses acumulados año tras año por la gestión de las AFP.

En otras palabras, si depositáramos en un colchón cada mes hasta nuestra edad de jubilación lo aportado (un 20%), cuando nos fuéramos a retirar obtendríamos un 80% menos de lo que obtendremos con la gestión de la AFP.

Las crisis económicas, en este caso la covid-19 y un proceso electoral de por medio, además de la falta de conocimiento en gran parte de la población en torno a un sistema, tremendamente regulado, fiscalizado y transparente por la SIPEN, ha provocado que determinados oportunistas que conviven entre nosotros, se aprovechen de esa ignorancia que tanto costó lograr para solicitar un retiro que lo único que provocará es descapitalización de la financiación interna del país.

Sin mencionar aumento de la tasa de cambio respecto al dólar, aumento de las tasas de financiación interna, descapitalización de las inversiones que hacen las AFP con los fondos de pensiones en el turismo, infraestructuras, energía renovable o agroindustria, aumento del paro e inflación al inyectar un volumen de dinero descontrolado al sistema.

Cualquiera que haya estudiado el primer tema de introducción a la economía lo sabe. Y probablemente algunos diputados (Incluyendo a Pedro Botello) también lo sepan, pero se aprovecha de la ignorancia de otros para hacerles creer que van a ser ricos con el 30%.

Lo que van a ser es más pobres, trabajar 2 años más para igualar la edad de retiro en compensación y obtener al final (no toda la población, sino un porcentaje muy pequeño, porque gran parte de estos son trabajadores informales) en torno a 10 o 15 mil pesos que solo van a resolver una semana, hipotecando su futuro para siempre.

El sistema, obviamente no es perfecto. Queda mucho por hacer, mucho por mejorar, y debemos seguir perfeccionando y haciendo evolucionar esta ley hasta que se logre lo que debe ser el objetivo prioritario, que todos los trabajadores dominicanos tengan derecho a una pensión que les permita vivir con suficiencia y dignidad, y que se luche contra la pobreza en la vejez de forma general.

POR JOSE ANTONIO TORRES