Urge sanear de discursos o debates contaminantes los tres pilares que signan hoy los esfuerzos del Gobierno y sociedad para superar el agobiante estadio de crisis pandémica, afectación económica y riesgos de degradación institucional o de gobernanza.
Los abordajes para contener y disminuir la incidencia de la covid-19, el primer compromiso nacional, no deberían contagiarse de oportunismo politiquero o de ventajismo corporativo, porque para alcanzar la meta de sanidad de rebaño se requiere que todos halen la cuerda en la misma dirección.
La otra gran batalla lo representa la recuperación de la economía, cuyas cuentas nacionales deberían estar a la altura de lo alcanzado en 2019, en lo referido a crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), generación de empleos, recuperación del turismo, manufactura, exportaciones y control de inflación.
Un tercer propósito se refiere a la consolidación de la seguridad jurídica y la independencia del Ministerio Público para que encaminen la lucha contra la corrupción basada en el respeto al debido proceso, presunción de la inocencia y fin de la impunidad.
La contención pandémica, recuperación económica y consolidación institucional han recorrido un buen trecho en camino al éxito, pero preocupa que intereses anidados en esferas oficiales, oposición política o nichos de la sociedad civil pretendan disminuir la marcha o desviar el sendero.
República Dominicana figura en los primeros lugares de América Latina en programas de inoculación contra el coronavirus y disponibilidad de vacunas, pero sectores partidarios y corporativos parecen apostar al fracaso de la jornada o extraer excesivos beneficios económicos de la crisis sanitaria.
Desde el ámbito oficial se intenta embadurnar con tinte político el auge inflacionario derivado del aumento de precios de materias primas de origen agropecuario, fósiles o industriales o de falta de planificación, al culpar a “enemigos políticos” de una supuesta manipulación de las alzas en artículos de primera necesidad.
Gobierno, empresariado, liderazgo político, centrales sindicales y sociedad civil no deberían extraviar el buen juicio y entender como un asunto imperativo aunar voluntades para contener la pandemia, recuperar la economía y promover un Ministerio Público independiente que encamine la lucha contra la corrupción.
