En la entrega reciente de la encuesta RD Elige, del grupo RCC Media e Investigaciones Digitales, de México, el principal problema de los dominicanos es el alto costo de la vida, que alcanza un 23.6% cuando se pregunta por los problemas del país y que se eleva sobre el 31%, cuando se pregunta por las preocupaciones de la familia. Le siguen la violencia, la inseguridad y la crisis económica. La corrupción se ubica en un quinto lugar con 6.8, igualada con el desempleo que marca 6.7 y los bajos salarios 6.0%.

No es que los dominicanos la desvaloricen, saben que es profiláctica, y que bien llevada impide el desvío de recursos que deberían destinarse a las necesidades básicas.

Pero la gente también distingue entre lo que es la lucha contra la corrupción, o la judicialización de la política, que es lo que dicen los análisis neuronales de las redes sociales que ha estado ocurriendo en la República Dominicana.

Es cierto que cuando la población vota un cambio, busca que se persigan los actos de corrupción que se hayan cometido en la administración que ha sido desplazada, y en principio recibe con alborozo todo lo que se haga, no importa que se lleve a cabo vulnerando la presunción de inocencia e imponiendo penas anticipadas antes de la elaboración y el conocimiento de los expedientes.

En esos momentos las audiencias se colocan de espaldas a cualquier razonamiento que abogue por el estado de derecho, pero ese comportamiento no se mantiene intacto. La gente también va observando otra cosa, y si el circo que se crea con esas persecuciones no incluye mejoría en sus condiciones de vida, sino que, por el contrario, retroceden, empieza a evaluar con otros raseros.

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Pero también pasa el tiempo y con los resultados judiciales de los expedientes que llegan a conocimiento de fondo, la gente percibe que una cosa es la aparatosidad y la ampulosidad mediática.

El caso más reciente es el del fraude en la Lotería Nacional, del que terminaron absueltos los principales imputados, porque el expediente se basó en las presuntas confesiones de varios coacusados, que no constituyen una prueba para condenar a nadie como lo establecen jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia.

Aunque los juicios paralelos alimentados por las filtraciones mediáticas son un despropósito que la propia titular del Ministerio Público ha condenado, continúan como práctica frecuente. Para solicitar allanamientos o medidas de coerción el Ministerio Público no tiene por qué vaciar en las solicitudes las supuestas confesiones que ha recibido a sabiendas de que no constituyen pruebas.

Le basta con mostrar que tiene indicios que pueden ser completados con nuevas diligencias investigativas y el juez no tiene más opción que conferirle luz verde, pero las expone porque sabe que se trata de un documento público del que se valdrán los medios de comunicación para reproducirlo ampliamente.

He citado lo que dice Mariano Rajoy, en Política para Adultos, sobre el abuso de esos procedimientos: “Me estoy refiriendo a los juicios paralelos, cada vez más frecuentes y perniciosos. Por supuesto, los sufren quienes lo padecen y son puestos en la picota de la opinión pública sin posibilidad de defensa, pero los sufre también el conjunto de la sociedad, la justicia y los ciudadanos porque este tipo de prácticas liquida un principio esencial de cualquier régimen democrático como es la presunción de inocencia”.