Los 86 millones de pesos que se reintegraron al erario porque los 5,119 beneficiarios no retiraron los pagos tiene su trascendencia. Es la verdad.
Pero hasta que no se identifique a quienes retiraban los pagos que se hacían en nombre de esas personas, el caso estaría incompleto. Su misión es identificar y procesar a los impostores, reales o supuestos.