La nómina de la Administración Pública se incrementó en los últimos 12 meses en 90,721 empleados, equivalente al 14%, para alcanzar la cifra de 721,448, hasta el mes de agosto, lo que derriba una reiterada queja oficial de que el sector público sufre de hipertrofia laboral.
En el Ministerio de Educación la nómina aumentó de 6,609 a 7,578. En el caso de las entidades financieras del Gobierno el número de servidores subió en 997, lo que se estima adecuado en comparación con el crecimiento vertiginoso que ha tenido ese sector.
La combinación de personal cesanteado con el incremento en más de 90 mil servidores en la nómina pública indica que el Gobierno ha cumplido con la exigencia de su base partidaria de ingresar a la administración pública como premio al activismo político, aunque es obvio que nunca hay camas para tanta gente.
Cuando se hable de las causas del déficit fiscal debería mencionarse la situación de una administración pública que en términos de personal padece de macrocefalia y obesidad.
Se admite que el Estado será el principal empleador de la nación, pero no hay que exagerar, más aun si el gasto en inversión se redujo a un 2% del PIB.
