Si solo el 23 % de los 3,700 empleados que tenía el CEA (Consejo Estatal del Azúcar) cumplía con su labor no había que erogar más de 350 millones de pesos en prestaciones.

No hay la menor duda de que la nómina del CEA estuviera sobrecargada, pero el director de la descalabrada entidad, Rafael Burgos Gómez, tendría que probar, por supuesto, que eran botellas las personas que dijo cobraban sin trabajar.

Burgos Gómez, en lugar de iniciar un proceso por ante el Ministerio de Trabajo, ha optado, según afirmó, con la desvinculación, con sus respectivas prestaciones, de 2,850 empleados. Para colmo el funcionario reveló que se encontraron irregularidades como las de empleados que recibían múltiples salarios.

“Así como se vendía tres y cuatro veces un solar, así cobraba aquí también tres, cuatro y hasta cinco veces un solo empleado”, expresó el director del CEA.

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Tal parece que la empresa operaba como un botín político de algunos sectores. Burgos Gómez está equivocado si entiende que hizo lo correcto con el pago de prestaciones a empleados que no desempeñaban ninguna labor. Al menos siempre que sea como ha afirmado.