Estos días ha vuelto sobre el tapete el caso de la comisión designada por el presidente Luis Abinader a través del decreto 273-23 para revisar los contratos de venta de terrenos del CEA con anterioridad a 2016.

Resulta que a la comisión se le había dado un plazo de dos meses para rendir su informe, pero han pasado más de ocho meses y todavía nada se sabe.

La comisión la preside Enriquillo Reyes y la integran Rafael Burgos Gómez, director del CEA y vicepresidente; Yolanda de la Cruz Vargas, secretaria; el director de Catastro, que en ese momento era Fidias Aristy, y Francisco Torres, Alejandro Cabral y Víctor Sánchez.

La demora tiene sus consecuencias para la economía y para la misma eficiencia del sector público.

El problema está en que se dice que hay una gran cantidad de inversiones paralizadas, porque nada se puede hacer si no se transparentan las operaciones.

Lo que en medio de las investigaciones se ha sugerido es que se remitan al Ejecutivo los contratos que no tienen problemas, para que se envíen a conocimiento del Congreso, y que simplemente se anulen los que tienen dificultades.