Santo Domingo. — Un abogado denunció este jueves que la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a Cargo del Estado (DGJP) estaría incurriendo en maniobras dilatorias para impedir la ejecución de una sentencia firme que ordena el reajuste y pago retroactivo de una pensión otorgada a un adulto mayor.

En su declaración, el jurista Oliver Batía, representante legal de Leocadio Valentín Lebrón Jiménez, acusó a los abogados Elvin Villanueva, José Calasanz Moreno, Jean Carlos Amparo Guerrero y Santa C. de los Santos Guzmán, quienes representan a la DGJP, de promover recursos infundados con el propósito de retrasar el cumplimiento de una decisión que ya fue declarada irrevocable por la Suprema Corte de Justicia (SCJ) el 28 de marzo de 2025.

Según Batía, el caso quedó definitivamente cerrado cuando la Secretaría General de la Suprema certificó el 2 de junio de 2025 que no existía recurso pendiente.

No obstante, sostuvo que los representantes de la DGJP continúan impulsando acciones procesales que, a su juicio, desconocen la autoridad de la cosa juzgada y afectan los derechos de un ciudadano envejeciente que solo reclama lo que la ley le reconoce.

El abogado recordó que la Ley 2-23 contempla sanciones por deslealtad procesal, incluyendo multas e indemnizaciones cuando se verifican prácticas que obstaculizan la administración de justicia.

*El jurista Oliver Batía, representante legal de Leocadio Valentín Lebrón Jiménez. / Fuente externa.*

Afirmó que este tipo de actuaciones constituye un perjuicio directo para los pensionados del Estado, especialmente aquellos en situación de vulnerabilidad.

El monto adeudado al beneficiario asciende a RD$10,458,125.40, incluyendo retroactivos, intereses legales e indexación monetaria, según el desglose presentado por Batía.

Agregó además que otros tres representados por su oficina jurídica enfrentan escenarios similares y esperan la ejecución de sentencias pendientes.