La exdirectora de Contrataciones Públicas, Yokasta Guzmán, fue sometida durante un tiempo a intensos interrogatorios sobre supuestas anomalías detectadas en su gestión en el organismo.

Cuando se pensaba que el vendaval había pasado la Cámara de Cuentas ha sorprendido con una auditoría que revela debilidades en los reportes de contabilidad y financieros, así como en la asignación de combustible en el período 2017-20.

El reporte indica que Guzmán y funcionarios de Contrataciones Públicas disfrutaron de asignación de combustible por encima del 10 % del salario mensual que establece la reglamentación interna. La exfuncionaria explicó que esa asignación que se cuestionaba estaba amparada en el decreto 499-12.

Si la auditoría se inscribe dentro de una sana lucha contra la corrupción y la impunidad no se le puede criticar con todo y que se adviertan algunas incógnitas que plantean inquietudes sobre el particular.

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Como es verdaderamente criticable es si la experticia se ha practicado con propósitos ajenos a establecer responsabilidades sobre la mala administración de los recursos públicos.