Editorial Opinión

Mayores activos

Mayores activos

Con excepción de las crisis electorales acaecidas en 1990 y 1994 por alegado fraude electoral y 2020 por abrupta suspensión de las elecciones por un colapso tecnológico, la estabilidad política y la paz social no han estado en riesgo de perecer durante las últimas décadas de convivencia democrática.

Ese extendido periodo de consolidación del espacio democrático se atribuye en gran medida a la madurez alcanzada por la clase política, la misma que evitó una disrupción social mediante el uso del diálogo y el consenso para superar la crisis política derivada de los cuestionados comicios de hace casi 30 años.

El Producto Interno Bruto (PIB) se ha más que cuadruplicado desde el crack político que obligó a una reforma constitucional que recortó en dos años el período de gobierno del presidente Joaquín Balaguer, señal de que la economía ha crecido grandemente, aunque no con los niveles de redistribución deseados.

El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Celso Juan Marranzini, instó a los diversos sectores a preservar lo que para el empresario serían los mayores activos de la república: paz social y estabilidad política, un pedido que debe estar conectado con recientes episodios jurídicos y partidarios.

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Resulta que ningún interviniente en la vida social, política, económica, corporativa, religiosa o académica ha objetado el compromiso del Ministerio Público de perseguir la corrupción, como tampoco que se respete el derecho constitucional al debido proceso, presunción de inocencia e igualdad procesal.

A los partidos les asiste derecho a emitir juicios sobre supuesta injerencia del Gobierno en el curso de esos expedientes, así como ejercer la protesta pacífica, pero los fardos probatorios de cargo y descargo serán debatidos en audiencia, sobre los cuales los jueces pronunciarán sentencias que pueden ser recurridas de conformidad con la ley.

A más de proclamar que el Ministerio Público es independiente, se requiere demostrar que ningún poder del Estado interviene en sus diligencias y decisiones y que sus incumbentes no aceptan ningún tipo de injerencia foránea, más aun cuando la propia ley lo encarga de tutelar los derechos de los justiciables.

A lo que no debería aspirarse nunca desde ningún litoral, incluido el oficial, es a perturbar lo que el Conep define como paz social y estabilidad política, reflejo de un espacio democrático que ha costado sangre, sudor y lágrimas, construir y consolidar.

El Nacional

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