El Ministerio Público se ha ocupado de revestir de un manto de suspicacias el horrendo crimen de la joven Paula Santana Escalante al solicitar, siete meses después de ocurrido el hecho, el archivo del expediente contra los dos imputados por supuesta falta de pruebas para sustentar la acusación.
Lo primero en llamar la atención es que desde el 21 de febrero, cuando el cadáver de la muchacha fue encontrado en una alcantarilla con signos de violencia y violación sexual, a la fecha, el caso permanezca impune.
A pesar de los recursos técnicos con que cuenta la Policía, que incluso dispone hasta de un departamento de investigaciones científicas, sorprende que no se hayan encontrado pruebas para capturar y someter a la justicia a los sospechosos de un crimen cuya impunidad torna más conmovedor.
Tras no llegar a su residencia después de concluir sus labores en una empresa de Zona Franca de las Américas, los familiares de Paula dieron la voz de alerta. Unos días después el cadáver fue encontrado próximo a la firma donde laboraba por dos compañeros de trabajo, quienes luego de interrogarlos fueron detenidos como los principales sospechosos.
Al solicitar medidas de coerción contra Joaquín Alexander Hidalgo Marte (Alex), y Alex Elvin Cruz Díaz (Chuki), el Ministerio Público los acusó de cometer actos de tortura y barbarie, violación sexual, homicidio, robo y asociación de malhechores en contra de su compañera de trabajo.
Aunque la investigación siga abierta es suspicaz que después de tres meses en prisión se pida su libertad por supuestas falta de pruebas.
La demora y las contradicciones en las investigaciones alimentan la percepción de que las autoridades encubren a los sospechosos del alevoso crimen.
E incluso se subraya el desinterés de la justicia en aclarar los sucesos que tienen como víctimas a personas de escasos recursos económicos. Y lo cierto parece que si Paula hubiera procedido de otro estrato social el caso no estuviera en el limbo.
Las interrogantes que rodean la investigación sobre el crimen de la joven Santana Escalante son para que la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, tome cartas en el asunto.