La reciente decisión de emplear oficiales de Migración en hospitales públicos representa un serio retroceso en términos de derechos humanos y salud pública.

Esta medida, lejos de resolver un problema, pone en riesgo la vida de miles y proyecta una imagen cruel y deshumanizada de nuestro país ante el mundo.

Las escenas difundidas por medios nacionales e internacionales, mostrando mujeres embarazadas o recién paridas siendo detenidas y deportadas junto a sus hijos, son profundamente alarmantes.

Estas imágenes nos muestran una sociedad que ha perdido el respeto por la maternidad, por la dignidad humana y por los principios más elementales de solidaridad.

Es una política que ni siquiera Trump con su dureza migratoria se atrevería a implementar.

Resulta preocupante cómo algunos sectores celebran la ausencia de pacientes haitianos o de ascendencia haitiana en los hospitales, como si eso fuera un logro.

Peor aún, mientras esto ocurre, se permiten manifestaciones de corte fascista que evocan amenazas de repetir tragedias como la masacre de 1937. ¿Hacia dónde nos está llevando este discurso de odio?

Los argumentos que buscan justificar esta política también son cuestionables. Se exagera el costo que representa la atención a embarazadas haitianas, citando cifras que no han cambiado en más de una década.

Un parto normal en una clínica privada no representa un gasto tan elevado, y si se compara con el aporte económico y laboral de los haitianos al país. ¿Dónde están los provida que se dicen defensores de la vida cuando se persigue a mujeres embarazadas y recién paridas?

Este tipo de medidas puede provocar un daño irreparable. Si los haitianos, sus descendientes o incluso dominicanos de piel más oscura dejan de acudir a los hospitales por miedo a ser deportados, aumentarán los contagios de enfermedades como la malaria, la tuberculosis y el VIH. La mortalidad infantil y general también se incrementará.

Los hospitales no deben convertirse en centros de control migratorio. Los médicos están para salvar vidas, no para rechazar a quienes más lo necesitan.

Si el objetivo del gobierno es controlar la migración, que lo haga con respeto, en los puntos fronterizos, sin criminalizar la necesidad de atención médica.

Una sociedad justa se mide por cómo trata a los más vulnerables. Hoy, tenemos la oportunidad de elegir entre la compasión o la indiferencia. «Sed justos, que la justicia es la base de la felicidad.» (Juan Pablo Duarte)