Santo Domingo.– El Ministerio Público anunció que recurrirá la condena de 20 años dictada contra Bryan Michael Joseph Guerrero, alias “Daniel”, al considerar que la sanción no responde a la gravedad del crimen cometido contra una adolescente de 17 años, con quien el procesado mantenía contacto a través de Facebook y WhatsApp. Las autoridades insisten en que se trata de un asesinato premeditado y que, por tanto, corresponde imponer la pena máxima de 30 años de prisión.

Durante el juicio, la Fiscalía demostró que el imputado, de 24 años, había ganado previamente la confianza de la víctima ofreciéndole dinero en efectivo y el cambio de su teléfono celular como regalo por su graduación del bachillerato. La joven viajó desde La Altagracia hasta La Romana el 8 de julio de 2024, donde fue trasladada por Joseph Guerrero a su vivienda en el sector Villa España.

Una vez allí, el hombre le provocó una herida en el cráneo que ocasionó una hemorragia fatal, además de estrangularla con un lazo, según determinó el informe de autopsia. Tras cometer el hecho, el victimario ocultó el cuerpo en un saco y lo transportó en una motocicleta, camuflando la carga con plátanos. Luego procedió a lanzarlo en una zona de precipicios en la carretera Miches-Pedro Sánchez, provincia El Seibo, donde fue posteriormente recuperado por las autoridades.

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La madre de la adolescente denunció la desaparición el 10 de julio ante la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género en La Altagracia, luego de perder comunicación con su hija y conocer que había salido a reunirse con el imputado. Dos días más tarde, el acusado fue arrestado en Santiago mediante orden judicial.

El proceso investigativo estuvo encabezado por el fiscal Josué Cedeño, junto a la fiscal litigante Betty Polanco. El Tribunal Colegiado de La Romana emitió el fallo con dos votos favorables y un voto disidente del juez Máximo Agustín Reyes Vanderhorst, quien consideró que la sanción debió ser de 30 años de prisión.

Joseph Guerrero fue declarado culpable por homicidio, violencia y delitos sexuales, previstos en los artículos 295, 296, 297, 302, 355, 359, 379 y 386.3 del Código Penal dominicano, y cumplirá la pena en el CCR Cucama, en La Romana. Mientras tanto, el Ministerio Público ya prepara los recursos legales para exigir la pena máxima.