Santiago.-El Ministerio Público pidió 18 meses de prisión preventiva contra los 23 imputados en la operación Falcón en el desarrollo de la medida de coerción que preside la jueza Iris Borgen Santana, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago.
Se informó que el Ministerio Público concluyó con la presentación de hechos y pidió que el caso fuera declarado complejo.
Se informó que la fiscalía de Santiago investiga a más de 30 personas, incluyendo a tres extraditables, involucradas en el entramado criminal desmantelado con la operación Falcón, el cual se dedicaba al lavado de activos del narcotráfico, el tráfico internacional de armas y el patrocinio ilegal de campañas políticas para agenciarse protección e inmunidad.
El Ministerio Público dará este miércoles las conclusiones con respecto a esta parte de la solicitud de medida de coerción.
“No obstante, en la solicitud en cuestión hemos establecido una prisión preventiva por 18 meses, como también la solicitud de declaratoria de complejidad del mismo, dadas las características propias de un caso de esta magnitud”, explicó la procuradora de corte Luisa Liranzo, quien ofreció declaraciones a la prensa, al cierre de la jornada de hoy.
Desde las 10:30 de la mañana hasta pasadas las 5:00 de la tarde, el Ministerio Público presentó unas 350 pruebas frente al tribunal que sostienen las imputaciones, por las cuales solicita la complejidad del caso y prisión preventiva para todos los imputados. “El Ministerio Público presentó la mayor cantidad de pruebas que dan por acreditados los hechos”, indicó Liranzo.
De acuerdo con el análisis de inteligencia electrónica presentado por el Ministerio Público, la red criminal desmantelada con la Operación Falcón se refería en sus llamadas a las ubicaciones y fechas de los operativos de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), dejando ver, mediante mensajes en clave, que tenían a efectivos de esa institución en la nómina de este entramado de narcotráfico internacional y lavado de activos.
En la presentación de hechos de la solicitud de medida de coerción se establece como Erick Randhiel Mosquea, quien está prófugo, pagaba sumas millonarias por la venta futura de combustibles a las empresas distribuidoras, como forma de lavar dinero producto del narcotráfico. Varios de los imputados figuran como administradores de estas estaciones y otros negocios del señalado como cabeza de la red.
Además se hace referencia a que compañías distribuidoras de combustibles estaban acostumbradas a recibir pagos por adelantado y en efectivo de hasta cinco millones de dólares. El entramado criminal que se sostenía con dinero producto del narcotráfico se dedicó así a adquirir estaciones de gasolina en diferentes puntos del país, como forma de lavar los capitales que acumulaba. Además, lograban lavar dinero a través de negocios de entretenimiento, de compra y venta de vehículos, incluyendo de automóviles de alta gama, bancas de apuestas, y compra y remodelación de inmuebles.
