En el epicentro de un nuevo rebrote de violencia y criminalidad, la Policía Nacional intenta reducir los niveles de consternación y temores ciudadanos con la divulgación de estadísticas que promueven la idea de que el jabón tiene sabor a queso y que cualquier historia de terror que se cuente tendría un final feliz.
En contraste con los vídeos que divulgan a diario las redes sociales sobre robos, atracos, asaltos y asesinatos captados por cámaras de vigilancia, el director de la Policía, mayor general Edward Ramón Sánchez González, ofrece la auspiciosa estadística de que los casos de delincuencia rastrera han disminuido un 24% respecto a 2019.
¿Cómo decirle a una población acorralada por la delincuencia, que los crímenes y delitos son ahora menos que hace dos años? ¿En qué ayuda eso a despejar el temor generalizado de sufrir un atraco o un asalto o de ser asesinado por algún delincuente?
En vez de disponer de una investigación sobre lo revelado a un canal de televisión por un confeso atracador, de que debe entregar parte de lo robado a oficiales de Policía, la institución cierra el caso con la divulgación del prontuario delictivo del denunciante.
Es posible que se corresponda con la verdad lo dicho por la Policía, de que ese individuo es además un chantajista que dijo lo que dijo para que liberaran a su compañera sometida por porte ilegal de armas de fuego, pero en este caso se debería recrear la historia de la mujer del César.
El Ministerio Público está compelido a explicar en virtud de cual artículo del Código Procesal Penal autorizó a la Policía a recibir de un delincuente prófugo “un adelanto” de su más reciente atraco, consistente en cien mil pesos, prendas y un pasaporte visado. Eso no es claridad, sino oscuridad.
La Dirección de Asuntos Internos de la Policía debió abrir una investigación sobre oficiales y agentes de departamentos investigativos y destacamentos barriales identificados por ese confeso atracador como recolectores de dinero y prendas robadas, por aquello de que mientras más claridad, más amistad.
Ningún expediente relacionado con denuncias sobre corrupción policial o de cualquier otra naturaleza debe cerrarse bruscamente, ni aun cuando el descargo sea evidente, mucho menos cuando corresponde a la Policía despejar la percepción cada vez más generalizada de que en esa institución hay delincuentes que persiguen a delincuentes.
